La Asamblea Nacional levantó la prohibición de exportar productos petrolíferos a otros Estados miembros de la Unión Europea.
La Asamblea Nacional derogó su decisión del 31 de octubre de 2025, que prohibía temporalmente la exportación y el suministro intracomunitario a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) de productos petrolíferos, principalmente diésel y combustible de aviación. El proyecto de decisión presentado por el Consejo de Ministros entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Según indica el proponente en su memorándum explicativo, los motivos para la imposición de la prohibición el año pasado estaban relacionados con la necesidad de garantizar la seguridad energética del país y la estabilidad del mercado interno de combustibles, dadas las sanciones impuestas por Estados Unidos contra las empresas del grupo Lukoil. Desde la imposición de la prohibición, las circunstancias han cambiado, ya que las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido no se aplican al grupo de empresas Lukoil en Bulgaria, incluida Lukoil Neftochim Burgas AD, puesto que están sujetas a una excepción especial completa otorgada por los gobiernos de los países que impusieron las sanciones, afirma el Consejo de Ministros.
En la nota explicativa del proyecto de decisión se afirma que ya se han superado todos los riesgos que motivaron la adopción de la prohibición, y que su continuación crea importantes obstáculos administrativos y organizativos para el negocio de los combustibles, así como pérdidas para los operadores que no pueden cumplir con sus obligaciones contractuales con contrapartes internacionales.
La Asamblea Nacional aprobó en primera lectura un proyecto de ley sobre crédito al consumo. El proyecto, presentado por el Consejo de Ministros, propone que el tipo de interés anual de los créditos no pueda superar cinco veces el importe de los intereses legales sobre deudas vencidas, tanto en euros como en moneda extranjera. Se prevé que esta disposición no se aplique a préstamos cuyo importe total no supere el equivalente a tres salarios mínimos nacionales, calculado en el momento de la concesión del crédito.
El proyecto de ley introduce los requisitos de la directiva europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo con el objetivo de aumentar la protección del consumidor, adaptando la legislación a los avances tecnológicos y a los nuevos productos crediticios. Se amplían los requisitos relativos a la información en los contratos y la publicidad, así como a la conducta profesional de los acreedores e intermediarios.
Se propone ampliar el alcance de la ley para incluir préstamos de hasta 100.000 euros. También abarca ciertos préstamos a corto plazo, descubiertos, préstamos sin intereses y planes de «compra ahora, paga después». Se prevén requisitos más estrictos para la evaluación de la solvencia con el fin de limitar el riesgo de sobreendeudamiento, según consta en la justificación del proponente.
El proyecto de ley prohíbe la concesión de crédito no solicitado, incluyendo el envío de tarjetas de crédito preaprobadas y el aumento unilateral de los límites de crédito sin la solicitud previa y el consentimiento expreso del consumidor. Asimismo, establece que la Comisión de Protección al Consumidor llevará un registro de intermediarios de crédito y un registro de acreedores que otorgan crédito al consumidor.
El Parlamento votó a favor de permitir que la Comisión de Supervisión Financiera tome decisiones por iniciativa propia para cubrir el déficit de fondos en los fondos administrados por el Fondo de Garantía, y no solo a propuesta del Consejo de Administración del Fondo, aprobándose en primera lectura las enmiendas al Código de Seguros.
El texto del proyecto de ley distingue entre las contribuciones anuales anticipadas y las contribuciones adicionales de las aseguradoras, y especifica la base para el cálculo de los pagos anticipados. Se prevé que la Comisión de Supervisión Financiera pueda establecer un plazo diferente para el reembolso de los pagos anticipados, según la situación financiera y las necesidades de liquidez del fondo correspondiente.
El proyecto de ley permite que el Fondo de Garantía, a través del Fondo de Seguridad, efectúe pagos en lugar de la Oficina Nacional de Aseguradoras de Automóviles de Bulgaria para cubrir las obligaciones relacionadas con una aseguradora cuya licencia haya sido revocada. Esto incluye indemnizaciones, intereses, gastos de liquidación de siniestros y tasas administrativas. El objetivo es que la Oficina no preste fondos por adelantado para luego solicitar su reembolso. Se establece un plazo de siete días para realizar el pago.
Se propone que el Fondo de Garantía pueda celebrar acuerdos individuales con oficinas nacionales y organismos de compensación de otros países de la UE. La Oficina Nacional de Aseguradoras de Automóviles de Bulgaria también podrá participar en ellos. Esta disposición se refiere a los casos en que una aseguradora búlgara con la licencia revocada haya realizado actividades en otros Estados miembros.