El proyecto de ley de crédito al consumo introduce requisitos europeos y refuerza la protección del consumidor.
El Ministerio de Economía, Inversiones e Industria ha elaborado el proyecto de ley de crédito al consumo en respuesta a la necesidad de transponer los requisitos europeos en materia de crédito al consumo a la legislación búlgara.
El objetivo principal de las modificaciones propuestas es garantizar un alto nivel de protección al consumidor, al tiempo que se establecen normas claras y predecibles para las empresas. El proyecto de ley prevé una mayor supervisión de los acreedores e intermediarios de crédito, mejoras en las evaluaciones de solvencia, mayor transparencia en la concesión y publicidad de productos crediticios, y medidas para frenar las prácticas desleales.
En el marco de la consulta pública, representantes de empresas, el sector crediticio y sus asociaciones industriales, organizaciones de protección al consumidor y otras partes interesadas han presentado opiniones y propuestas. Todas las propuestas serán analizadas detenidamente y tenidas en cuenta al finalizar el proyecto de ley.
El proyecto de ley también contempla mecanismos para ayudar a los consumidores que tengan dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago. Los acreedores deberán identificar dichas dificultades con antelación y, cuando proceda, aplicar medidas adecuadas a las circunstancias particulares de cada consumidor. Estas medidas pueden incluir la reprogramación de pagos, la ampliación del plazo del contrato de crédito, la modificación de sus términos y condiciones, la reducción del tipo de interés, la concesión de una moratoria de pagos o la refinanciación.
En lo que respecta a los recargos por mora, la ausencia de un límite máximo expreso para las penalizaciones contractuales en el proyecto de ley no significa que los consumidores queden desprotegidos. Las cláusulas contractuales deben cumplir con los requisitos de la legislación de protección al consumidor, y las penalizaciones excesivas se consideran cláusulas abusivas y, por lo tanto, nulas. La Comisión para la Protección del Consumidor tiene la facultad de revisar los contratos que contienen términos y condiciones estándar y de tomar medidas cuando se detecten infracciones.
Para los préstamos pequeños y a corto plazo, el proyecto de ley propone un enfoque específico para establecer un límite máximo a los costos totales. El objetivo es tener en cuenta las características específicas de estos productos y lograr un equilibrio entre la protección del consumidor y la prestación sostenible de servicios financieros.
El acceso a las bases de datos tendrá en cuenta la competencia de las autoridades responsables de su administración, así como los requisitos de protección de datos personales. El Ministerio de Economía, Inversiones e Industria considera que la protección del consumidor, incluida la protección de las personas vulnerables, y el tratamiento lícito de la información personal deben ser principios rectores.
El Ministerio continuará su diálogo abierto con todas las partes interesadas con el fin de desarrollar un marco regulatorio eficaz que trasponga los requisitos europeos, garantice una protección efectiva del consumidor y cree condiciones claras y predecibles para las empresas.